Caso: "Maria Belen Rivas"

María Belén Rivas, de 28 años, se encuentra cursando el tercer mes de embarazo. En dicho contexto, decide contratar, a través de una plataforma digital, un servicio de almacenamiento en la nube ofrecido por la empresa DataSafe S.A., con el objetivo de resguardar documentación personal, entre la que se incluye información médica vinculada a su estado de salud y al desarrollo del embarazo. El contrato se celebra de manera electrónica mediante la aceptación de términos y condiciones predispuestos por la empresa, sin posibilidad de negociación individual, configurándose, así como un contrato por adhesión. Dentro de las cláusulas contractuales, se establece que la empresa podrá utilizar los datos almacenados por los usuarios con fines comerciales y que podrá suspender el servicio ante la detección de “conductas sospechosas”, sin necesidad de notificación previa. En paralelo, María inicia un tratamiento médico complementario debido a ciertas complicaciones detectadas en el embarazo, lo que implica la generación de nuevos datos sensibles que también son incorporados a la plataforma digital contratada. Tiempo después, su pareja, Tomás Aguirre, desaparece en circunstancias inciertas, tras haber sido vinculado a una investigación por presuntas irregularidades financieras. Ante la falta de noticias sobre su paradero, María inicia acciones judiciales tendientes a obtener la declaración de ausencia. En este contexto, la empresa DataSafe S.A. decide suspender unilateralmente la cuenta de María, alegando la existencia de “actividad irregular”, lo que le impide acceder a la totalidad de su información personal, incluyendo documentación médica relevante. Asimismo, María advierte que parte de sus datos comienza a ser utilizada en campañas publicitarias de terceros, sin haber prestado un consentimiento específico y diferenciado para ello. Frente a esta situación, María interpone una acción judicial contra la empresa, invocando la vulneración de sus derechos personalísimos, su derecho a la intimidad, su dignidad y su condición de consumidora. A su vez, plantea la inconstitucionalidad de determinadas cláusulas contractuales por considerarlas abusivas y contrarias a garantías constitucionales y convencionales. Durante el proceso, se suscitan diversos interrogantes vinculados a la protección de los derechos fundamentales en relaciones entre particulares, la validez de los contratos de adhesión en el ámbito digital, la tutela jurídica de la persona por nacer y las consecuencias jurídicas derivadas de la ausencia de Tomás en las relaciones personales y patrimoniales.