CASO: "Lucio Fernandez"

Lucio Fernández, de 16 años de edad, convive con su madre, Laura Gómez, quien ha sido recientemente diagnosticada con un trastorno psiquiátrico severo que afecta su capacidad para tomar decisiones autónomas en relación con su patrimonio. A raíz de esta situación, un tío de Lucio, Carlos Gómez, inicia un proceso judicial solicitando la declaración de capacidad restringida de Laura, alegando que esta se encuentra en una situación de vulnerabilidad que le impide administrar sus bienes de manera adecuada. Mientras el proceso judicial se encuentra en trámite y sin que aún exista sentencia firme, Laura suscribe, junto con su hijo Lucio, un contrato de compraventa mediante el cual se comprometen a transferir el derecho de dominio sobre un inmueble familiar a favor de un tercero, Martín Quiroga. El contrato se celebra mediante instrumento privado, sin intervención notarial, estableciéndose un precio considerablemente inferior al valor de mercado. En el momento del acto, Lucio recibe el dinero y entrega la llave para el ejercicio de la posesión por parte de Quiroga. Lucio participa activamente en la firma del contrato, manifestando su conformidad con la operación, argumentando que el dinero será utilizado para costear un tratamiento médico para su madre. Sin embargo, no cuenta con autorización judicial ni con la intervención de un representante legal específico para dicho acto. Posteriormente, se acredita que Carlos Gómez había sido designado provisoriamente como apoyo en el proceso de restricción de capacidad de Laura, con facultades para asistirla en actos de disposición patrimonial. Asimismo, se cuestiona que el comprador, Martín Quiroga, tuviera conocimiento de la situación de vulnerabilidad de Laura al momento de contratar. Frente a ello, Carlos promueve una acción judicial solicitando la nulidad del contrato, invocando la incapacidad de ejercicio de Laura, la falta de capacidad de Lucio para intervenir en el acto, la inexistencia de representación válida y la lesión como vicio de la buena fe. Durante el proceso, se plantea además la competencia del tribunal interviniente, en tanto el inmueble se encuentra ubicado en una provincia distinta a la del domicilio de las partes. Asimismo, el juez designado es recusado por la parte demandada bajo el argumento de una supuesta falta de imparcialidad, debido a una enemistad manifiesta, lo que genera un incidente procesal paralelo. En este marco, el tribunal deberá analizar la validez del acto jurídico celebrado, el alcance de la capacidad de las partes intervinientes, la incidencia de la representación y las reglas de competencia aplicables al caso.