Caso María Elena Gómez

El caso

Preguntas del examen

1. 1.

   Fundamente, de acuerdo con el caso, si se trata de un accidente in itinere.

   Tomada ×6 Trabajo 6.2

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   El accidente in itinere es el que ocurre en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, o viceversa, conforme el art. 6, apart. 1, LRT (a verificar en la norma). En el caso, Carlos Ruiz cayó del puente peatonal en mal estado. Para calificar el hecho como accidente in itinere sería necesario acreditar que el puente formaba parte del trayecto habitual entre su domicilio y su lugar de trabajo, que el recorrido era el normal y habitual, y que no medió interrupción o desvío por causas ajenas al trabajo. La jurisprudencia de la Corte Suprema admite que desvíos menores no esenciales no rompen el nexo causal del accidente in itinere, aunque exige razonabilidad en su valoración (Grisolía, Manual de Derecho Laboral, cap. XXV). Si Carlos transitaba el puente en su trayecto laboral habitual, el hecho quedaría encuadrado en la figura; de lo contrario, se trataría de un accidente ajeno al ámbito de la LRT y la reparación se canalizaría exclusivamente por las normas de responsabilidad civil del Estado. La calificación incide directamente en el régimen de prestaciones aplicable y en los legitimados para percibirlas.

2. 2.

   ¿Se agotó la vía administrativa? Explique.

   Tomada ×3 Procesal Público 1.2 Procesal Público 1.3

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   María Elena Gómez presentó ante la Municipalidad una solicitud de reparación del puente sin obtener respuesta durante más de seis meses, lo que configura mora administrativa. Ante esa inacción, interpuso una acción de amparo por mora, instrumento previsto en la ley 8508 de la Provincia de Córdoba, que reconoce legitimación activa a toda persona cuya situación jurídica subjetiva —derecho subjetivo o interés legítimo— resulte afectada por la omisión de un deber impuesto por norma (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 433). El agotamiento de la vía administrativa es un requisito establecido por la Constitución Provincial y el Código Contencioso Administrativo para acceder al control judicial (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 80). En el sistema cordobés, la interposición del amparo por mora ante la inactividad administrativa puede considerarse conducente para habilitar la instancia judicial respecto de la omisión, en tanto la Administración no cumplió su deber dentro del plazo razonable. Si el tribunal hizo lugar al amparo por mora y la Municipalidad igualmente no actuó, la vía queda habilitada para el planteo judicial posterior, incluido el amparo ordinario.

3. 3.

   ¿El hijo adoptivo tiene los mismos derechos personales que un hijo biológico?

   Tomada ×3 Familia 4.2

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   Sí. El art. 620 CCCN establece que la adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y que en la familia adoptiva tiene los mismos derechos y obligaciones de todo hijo (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620). La adopción plena extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, subsistiendo solo los impedimentos matrimoniales. En materia sucesoria, el adoptado tiene los mismos derechos hereditarios que el hijo por naturaleza (art. 2430 CCCN), de modo que es heredero intestado en igualdad de condiciones. Asimismo, el art. 2444 CCCN lo incluye entre los legitimarios junto al cónyuge y los ascendientes (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2444). Por tanto, Lucas Ruiz, en su calidad de hijo adoptivo de Carlos Ruiz, tiene plenos derechos hereditarios, sucesorios y de legitimario, sin distinción respecto de un hijo biológico, lo que desvirtúa el cuestionamiento de la Municipalidad sobre su falta de legitimación.

   Normas citadas

   art. 620 CCCN · Concepto

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y obligaciones de todo hijo. La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, excepto lo dispuesto en este Código. La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente y genera los efectos previstos en la Sección 4ª de este Capítulo.

   art. 2430 CCCN · Caso de adopción

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.

   art. 2444 CCCN · Legitimarios

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge.

4. 4.

   ¿Qué tipo de sucesión se presenta en el caso y cuáles son sus principios?

   Tomada ×3 Sucesorio 1.1 Sucesorio 1.4

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   Se presenta una sucesión intestada, porque el caso no menciona testamento de Carlos Ruiz: la muerte causa la apertura de la sucesión y la transmisión de la herencia a quienes la ley llama a suceder (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2277). Los llamados son los descendientes, ascendientes, cónyuge supérstite y colaterales hasta el cuarto grado (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2424). Sus principios son la prioridad de órdenes (el de los descendientes excluye a los ascendientes y colaterales), la proximidad de grado dentro de cada orden y la indiferencia de la naturaleza y el origen de los bienes, salvo disposición expresa en contrario (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2425). Concurren María Elena como cónyuge y Lucas como descendiente, este con los mismos derechos hereditarios que un hijo por naturaleza (art. 2430 CCCN). La concurrencia es justamente una excepción a aquel principio: por el art. 2433 CCCN, María Elena recibe en los bienes propios de Carlos la misma parte que un hijo, pero no tiene parte en la mitad de gananciales que correspondía a Carlos, que es toda de Lucas; la otra mitad de los gananciales es de ella como integrante de la comunidad, no como heredera.

   Normas citadas

   art. 2430 CCCN · Caso de adopción

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.

   art. 2433 CCCN · Concurrencia con descendientes

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.

5. 5.

   ¿A quiénes les corresponde la indemnización por el fallecimiento del esposo de María Elena?

   Tomada ×2 Trabajo 3.3 Daños 1.1

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   En el plano civil, María Elena como cónyuge y Lucas como hijo adoptivo, con los mismos derechos que un hijo por naturaleza (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620), están legitimados para reclamar el daño no patrimonial por la muerte de Carlos (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1741) y los rubros del art. 1745 CCCN: gastos de asistencia y funerarios, lo necesario para alimentos del cónyuge y de los hijos menores de veintiún años o incapaces, y la pérdida de chance de ayuda futura (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1745). Lo reclaman por derecho propio, como damnificados, no como herederos. En el plano laboral, y sólo si Carlos trabajaba en relación de dependencia, la indemnización del art. 248 LCT corresponde al cónyuge o conviviente y a los hijos menores de edad o con Certificado Único de Discapacidad, en partes iguales, también por derecho propio: no integra la herencia (art. 248 LCT). Si además fue un accidente in itinere, se suman las prestaciones por muerte del art. 18 LRT, y lo que se cobre de la aseguradora se descuenta de la reparación civil que se reclame al Estado como tercero (art. 39, apartado 4, LRT).

   Normas citadas

   art. 1745 CCCN · Indemnización por fallecimiento

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   En caso de muerte, la indemnización debe consistir en: a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal; b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

   art. 248 LCT · Indemnización por antigüedad. Monto. Beneficiarios

   Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) · texto de InfoLEG

   En caso de muerte del trabajador, tendrán derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que se detallan a continuación: a) El cónyuge o conviviente del causante; b) Los hijos del causante menores de edad; c) Los hijos del causante mayores de edad con Certificado Único de Discapacidad (CUD). De concurrir dos (2) o más de los supuestos detallados anteriormente, se distribuirá la indemnización en partes iguales, es decir, considerando cada titular del crédito como uno (1). En caso de ausencia de algunos de los supuestos indicados en los incisos anteriores, tendrán derecho los hijos del causante mayores de edad y, ante la falta de los beneficiarios considerando los supuestos detallados, se les reconoce este derecho a los padres del causante que estuvieren a cargo al momento del fallecimiento. El empleador queda liberado del pago si cancela la misma dentro de los treinta (30) días de ocurrido el deceso considerando la documentación con la que contaba y/o que le fuera entregada con motivo del mismo. Si por alguna circunstancia algún acreedor con mejor o igual derecho que los que cobraron reclama al empleador vencido el plazo indicado, sólo tendrá una acción de repetición contra los otros acreedores quedando eximido el empleador de toda obligación. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por el Sistema de Riesgos del Trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que, por las leyes, Convenciones Colectivas de Trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.

   Artículo sustituido por art. 52 de la Ley Nº 27.802 B.O. 6/3/2026. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial..

   art. 18 LRT · Muerte del damnificado

   Ley 24.557 — Ley de Riesgos del Trabajo · texto de InfoLEG

   1. Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto. 2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta Ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los VEINTIUN (21) años, elevándose hasta los VEINTICINCO (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.

   Artículo sustituido por art. 9º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial..

6. 6.

   ¿Qué créditos laborales les corresponden a los derechohabientes del fallecido?

   Tomada ×2 Trabajo 3.3

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   El enunciado no dice que Carlos trabajara; la respuesta parte de esa hipótesis. Si era trabajador en relación de dependencia, sus derechohabientes tienen dos créditos de distinta naturaleza. Por derecho propio, la indemnización del art. 248 LCT, igual a la del art. 247 LCT (la mitad de la indemnización por antigüedad del art. 245 LCT), para el cónyuge o conviviente, los hijos menores de edad y los hijos con Certificado Único de Discapacidad, en partes iguales si concurren; no integra el acervo hereditario y es independiente de lo que corresponda por riesgos del trabajo (art. 248 LCT). Por vía sucesoria, como herederos, los créditos que Carlos había devengado y no cobró: salarios, vacaciones no gozadas y sueldo anual complementario proporcionales. Si el fallecimiento fuera un accidente in itinere, corresponden además las prestaciones por muerte del art. 18 LRT, cuyos beneficiarios son los derechohabientes del art. 53 de la Ley 24.241.

   Normas citadas

   art. 248 LCT · Indemnización por antigüedad. Monto. Beneficiarios

   Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) · texto de InfoLEG

   En caso de muerte del trabajador, tendrán derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que se detallan a continuación: a) El cónyuge o conviviente del causante; b) Los hijos del causante menores de edad; c) Los hijos del causante mayores de edad con Certificado Único de Discapacidad (CUD). De concurrir dos (2) o más de los supuestos detallados anteriormente, se distribuirá la indemnización en partes iguales, es decir, considerando cada titular del crédito como uno (1). En caso de ausencia de algunos de los supuestos indicados en los incisos anteriores, tendrán derecho los hijos del causante mayores de edad y, ante la falta de los beneficiarios considerando los supuestos detallados, se les reconoce este derecho a los padres del causante que estuvieren a cargo al momento del fallecimiento. El empleador queda liberado del pago si cancela la misma dentro de los treinta (30) días de ocurrido el deceso considerando la documentación con la que contaba y/o que le fuera entregada con motivo del mismo. Si por alguna circunstancia algún acreedor con mejor o igual derecho que los que cobraron reclama al empleador vencido el plazo indicado, sólo tendrá una acción de repetición contra los otros acreedores quedando eximido el empleador de toda obligación. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por el Sistema de Riesgos del Trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que, por las leyes, Convenciones Colectivas de Trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.

   Artículo sustituido por art. 52 de la Ley Nº 27.802 B.O. 6/3/2026. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial..

   art. 247 LCT · Monto de la indemnización

   Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) · texto de InfoLEG

   En los casos en que el despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley. En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá comenzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello se alterara el orden de antigüedad.

   art. 245 LCT · Indemnización por antigüedad o despido

   Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) · texto de InfoLEG

   En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso y luego de transcurrido el período de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. Se entiende como remuneración, a estos fines, la devengada y pagada en cada mes calendario, por cuanto no tendrán incidencia los conceptos de pago no mensuales como el Sueldo Anual Complementario, vacaciones, premios que no sean de pago mensual. Se define como habitual, a estos fines, aquellos conceptos devengados como mínimo seis (6) meses en el último año calendario. Se define como normal, en el caso de conceptos variables como ser premios mensuales, horas extra, comisiones, el promedio de los últimos seis (6) meses, o del último año si fuera más favorable al trabajador. Dicha base salarial no podrá exceder el equivalente a tres (3) veces el importe del salario mensual promedio de las remuneraciones previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Los topes de cada Convenio Colectivo de Trabajo serán calculados por las partes signatarias del Convenio Colectivo de Trabajo siendo su homologación y/o registración de suficiente intervención por la Autoridad de Aplicación. Para aquellos trabajadores excluidos de todo Convenio Colectivo de Trabajo, el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable al establecimiento donde preste servicios, o al convenio más favorable, en el caso que hubiera más de uno (1). En ningún supuesto la aplicación del tope previsto en este artículo podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) de la remuneración mensual, normal y habitual calculada conforme a lo establecido en los párrafos precedentes de este artículo. La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el presente artículo. Mediante Convenio Colectivo de Trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará a cargo del empleador. A fin de solventar la indemnización prevista en el presente y/o el pago de la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por voluntad concurrente conforme el artículo 241 de la presente ley, los empleadores podrán optar por establecer un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador; en integración o no con los Fondos de Asistencia Laboral. La indemnización prevista en este artículo constituye la única reparación procedente frente a la extinción sin justa causa del contrato de trabajo. Su percepción importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, incluidos los de naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo promoverse acciones por fuera del régimen especial establecido en esta ley. Quedan exceptuadas únicamente las acciones basadas en ilícitos penales, en cuyo caso la reparación se regirá por las normas comunes.

   Artículo sustituido por art. 51 de la Ley Nº 27.802 B.O. 6/3/2026. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial..

   art. 18 LRT · Muerte del damnificado

   Ley 24.557 — Ley de Riesgos del Trabajo · texto de InfoLEG

   1. Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto. 2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta Ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los VEINTIUN (21) años, elevándose hasta los VEINTICINCO (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.

   Artículo sustituido por art. 9º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial..

7. 7.

   Presupuestos de la responsabilidad civil adaptados al caso (responsabilidad del Estado).

   Tomada 1 vez Daños 6.1 Daños 1.1

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   La responsabilidad patrimonial del Estado no se rige por el CCCN, ni directa ni subsidiariamente, sino por el derecho administrativo nacional o local (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. V, art. 1764; Rivera y Medina, CCCN comentado, t. V, art. 1765). La Ley 26.944 rige en el orden nacional e invita a las provincias a adherir; para la Municipalidad de Córdoba se aplica el derecho público local, con la ley nacional como pauta. Sus presupuestos, aplicados al caso (art. 3 de la Ley 26.944): el daño cierto, la muerte de Carlos con perjuicio patrimonial y extrapatrimonial para su familia (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1739); la imputabilidad material de la omisión a la Municipalidad, titular del puente; la relación de causalidad adecuada entre la falta de reparación y la caída; y la falta de servicio, que en la omisión exige incumplir un deber normativo de actuación expreso y determinado, como el de mantener en condiciones seguras una obra pública librada al uso de los vecinos y advertida por reclamos reiterados. La delegación del mantenimiento en la concesionaria no excluye esa falta: el art. 6 de la Ley 26.944 exime al Estado por lo imputable a la función encomendada al concesionario, pero no por el incumplimiento de su propio deber de control.

8. 8.

   Acción de plena jurisdicción y acción de ilegitimidad: diferencias, legitimados y efectos de la sentencia.

   Tomada 1 vez Procesal Público 2.1

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   En el sistema cordobés —denominado de pluralidad de acciones y pluralidad de pretensiones conforme la ley 7182— coexisten dos tipos de acciones. La acción de plena jurisdicción requiere un derecho subjetivo vulnerado como legitimación activa; tiene por objeto obtener el restablecimiento del derecho lesionado y puede incluir la pretensión indemnizatoria; la sentencia tiene efecto entre las partes y puede condenar al Estado a reparar los daños causados (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 158). La acción de ilegitimidad —o de anulación— exige solo un interés legítimo como legitimación; su objeto es la declaración de ilegitimidad o nulidad del acto administrativo; la sentencia tiene alcance más limitado respecto de quienes no fueron parte, aunque en materia reglamentaria parte de la doctrina reconoce efectos erga omnes (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 174). En el caso, María Elena tiene un derecho subjetivo a la seguridad y a la reparación del daño sufrido, lo que habilitaría la acción de plena jurisdicción; mientras que el cuestionamiento de la delegación a la concesionaria podría articularse como pretensión de ilegitimidad. La elección incorrecta de la vía puede acarrear la desestimación de la demanda (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 158).

9. 9.

   Requisitos de procedencia del amparo y cómo se aplican al caso.

   Tomada 1 vez Procesal Público 5.2

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   El amparo procede contra todo acto u omisión de autoridad pública que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Constitución, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo (art. 43 CN); en Córdoba lo regulan el art. 48 de la Constitución provincial y la Ley 4915. Aplicados al caso: hay una omisión de la Municipalidad, que no reparó el puente pese a la petición de María Elena y a múltiples reclamos vecinales durante más de seis meses; la arbitrariedad es manifiesta porque el riesgo era conocido y la inacción no tiene justificación; están comprometidos la vida y la seguridad de las personas, derechos de rango constitucional; y la lesión es actual, porque el puente sigue en mal estado y puede causar nuevas víctimas. El amparo es la vía más idónea, porque un proceso ordinario no daría a tiempo la reparación urgente. El amparo por mora previo, regulado por la Ley 8508, procede ante la mora administrativa (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 121), pero su objeto es distinto: una orden de pronto despacho, no la reparación del puente.

   Normas citadas

   art. 43 CN

   Constitución Nacional · texto de InfoLEG

   Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.

10. 10.

    ¿La omisión de la administración debía ser controlada judicialmente? Fundamente.

    Tomada 1 vez Procesal Público 1.3

    Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

    Sí. La jurisprudencia y la doctrina reconocen que el control judicial de la inactividad administrativa es procedente aunque históricamente presentó obstáculos en los sistemas que exigían un acto previo denegatorio (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 170). La Constitución Provincial de Córdoba impone a la Administración la obligación de responder expresamente las peticiones de los administrados, y la omisión de hacerlo es controlable judicialmente a través del amparo por mora (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 75). La ley 8508 instrumenta ese control: ante el incumplimiento de un deber concreto impuesto por norma, el juez puede dictar una orden de pronto despacho, siendo la sentencia de naturaleza condenatoria y no meramente declarativa (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 121). En el caso, la Municipalidad omitió reparar el puente durante más de seis meses pese a reclamos reiterados; esa inacción derivó en la muerte de Carlos Ruiz. El control judicial era no solo procedente sino necesario para evitar la consumación del daño, y su tardanza determina la responsabilidad del Estado por la omisión.

11. 11.

    Responsabilidad parental del padre respecto del hijo.

    Tomada 1 vez Familia 4.3

    Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

    La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos de los progenitores sobre la persona y los bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral, mientras sea menor de edad y no se haya emancipado (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 638). El enunciado no dice la edad de Lucas: la respuesta vale si es menor. Carlos, como padre adoptivo, era titular de la responsabilidad parental en los mismos términos que un progenitor por naturaleza, porque la adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620). Con su muerte, esa titularidad se extingue (art. 699, inc. a, CCCN). Si María Elena también es progenitora de Lucas, porque lo adoptaron juntos o por una adopción de integración, el ejercicio queda sólo en ella (art. 641, inc. c, CCCN); si no lo es, habrá que designarle un tutor. Para actuar en el juicio, Lucas necesita la representación de su progenitora, o la de un tutor especial si hubiera intereses contrapuestos con ella, por ejemplo en la partición de la herencia (art. 109 CCCN).

    Normas citadas

    art. 699 CCCN · Extinción de la titularidad

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    La titularidad de la responsabilidad parental se extingue por: a) muerte del progenitor o del hijo; b) profesión del progenitor en instituto monástico; c) alcanzar el hijo la mayoría de edad; d) emancipación, excepto lo dispuesto en el artículo 644; e) adopción del hijo por un tercero, sin perjuicio de la posibilidad de que se la restituya en caso de revocación y nulidad de la adopción; la extinción no se produce cuando se adopta el hijo del cónyuge o del conviviente.

    art. 641 CCCN · Ejercicio de la responsabilidad parental

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: a) en caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645, o que medie expresa oposición; b) en caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso anterior. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades; c) en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro; d) en caso de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor; e) en caso de hijo extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades.

    art. 109 CCCN · Tutela especial

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    Corresponde la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos: a) cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes; si el representado es un adolescente puede actuar por sí, con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial; b) cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad; c) cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador; si las personas incapaces son adolescentes, rige lo dispuesto en el inciso a); d) cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada o con la condición de no ser administrados por su tutor; e) cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor; f) cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración por las características propias del bien a administrar; g) cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponda.

12. 12.

    ¿Qué acción de protección de la legítima es aplicable al caso?

    Tomada 1 vez Sucesorio 1.5

    Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

    En el caso no se advierte que el causante Carlos Ruiz haya efectuado donaciones o disposiciones testamentarias que perjudiquen la porción legítima de Lucas o de María Elena; la sucesión es intestada sin testamento mencionado. El art. 2444 CCCN enumera como legitimarios a los descendientes, ascendientes y cónyuge, quienes no pueden ser privados de su porción legítima por testamento ni por actos de disposición a título gratuito (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2444). Si existieran donaciones o disposiciones que hubieran afectado la legítima de Lucas o María Elena, la acción procedente sería la acción de reducción, orientada a reducir las liberalidades hasta el límite de la legítima afectada; y si al legitimario se le dejó por cualquier título menos de su porción legítima, puede pedir únicamente su complemento mediante la acción de complemento del art. 2451 CCCN (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2451). La acción de reducción puede verse limitada si el donatario poseedor cumplió diez años de posesión, conforme el art. 2459 CCCN (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2459). Dado que el caso no describe actos de disposición que afecten la legítima, en principio no se requiere acción protectoria alguna.

    Normas citadas

    art. 2444 CCCN · Legitimarios

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    Tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge.

    art. 2451 CCCN · Acción de complemento

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    El legitimario a quien el testador le ha dejado, por cualquier título, menos de su porción legítima, sólo puede pedir su complemento.

    art. 2459 CCCN · Prescripción adquisitiva

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    En cualquier caso, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el sub adquirente que han poseído la cosa donada durante diez (10) años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901. No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación.

    Artículo sustituido por art. 4º de la Ley Nº 27.587 B.O. 16/12/2020.

13. 13.

    ¿Qué tipo de adopción se menciona en el caso y cuáles son sus características?

    Tomada 1 vez Familia 4.2

    Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

    El caso menciona que Lucas Ruiz es hijo adoptivo de Carlos Ruiz, sin especificar el tipo. El CCCN reconoce tres tipos de adopción: plena, simple y de integración (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 619). La adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo, extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen —con excepción de los impedimentos matrimoniales— y el adoptado tiene los mismos derechos y obligaciones de todo hijo en la familia adoptiva (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620). La adopción simple confiere el estado de hijo pero no crea vínculos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, salvo disposición del Código. La adopción de integración se configura cuando se adopta al hijo del cónyuge o conviviente y genera efectos propios previstos en el CCCN (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620). Para el caso, si la adopción de Lucas es plena, tiene todos los derechos sucesorios y de legitimario; si fuera simple, hereda a Carlos como un hijo, pero no tiene vínculo jurídico con los parientes del adoptante (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620). En cualquier caso, en la sucesión de su padre adoptivo el adoptado tiene los mismos derechos hereditarios que un hijo por naturaleza (art. 2430 CCCN).

    Normas citadas

    art. 2430 CCCN · Caso de adopción

    Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

    El adoptado y sus descendientes tienen los mismos derechos hereditarios que el hijo y sus descendientes por naturaleza y mediante técnicas de reproducción humana asistida.

En el oral también preguntaron

1. 1.

   ¿María Elena estaba legitimada para interponer un amparo por derechos de incidencia colectiva?

   Tomada 1 vez Procesal Público 5.2

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   Sí. El art. 43 CN (a verificar en la norma) reconoce legitimación para promover la acción de amparo, en la protección de derechos de incidencia colectiva, al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones. La Corte Suprema ha señalado que la Constitución Nacional reconoce legitimación para el amparo a sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 349). El deterioro del puente peatonal afecta la seguridad de todos los vecinos que lo utilizan, lo que constituye un derecho de incidencia colectiva vinculado a la vida y a la seguridad. María Elena, como vecina afectada que formuló reclamos previos sin respuesta, reviste la condición de afectada directa con derecho subjetivo e interés legítimo, lo que también le otorga legitimación en el sistema provincial (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 75). La pluralidad de reclamos vecinales sin respuesta refuerza el carácter colectivo del derecho vulnerado y sustenta la procedencia del amparo con esta doble legitimación: individual y como integrante del grupo afectado.

2. 2.

   ¿Qué daños podrían reclamar María Elena y su hijo?

   Tomada 1 vez Daños 1.1

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   María Elena, como cónyuge, y Lucas, como hijo adoptivo con los mismos derechos que un hijo por naturaleza (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. II, art. 620), pueden reclamar por derecho propio los rubros del art. 1745 CCCN: los gastos de asistencia médica y funerarios; lo necesario para alimentos, para cuya fijación el juez pondera el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; y la pérdida de chance de ayuda futura (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1745). Además, el art. 1741 CCCN les reconoce legitimación para reclamar el daño no patrimonial por la muerte de Carlos (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1741). Frente al Estado, estos rubros se aplican como pauta, porque su responsabilidad se rige por el derecho administrativo. Si Carlos trabajaba en relación de dependencia, les corresponde también la indemnización del art. 248 LCT, por derecho propio y en partes iguales; y si el hecho fuera un accidente in itinere, las prestaciones por muerte del art. 18 LRT, cuyo valor se descuenta de la reparación civil que reclamen al Estado como tercero responsable (art. 39, apartado 4, LRT).

   Normas citadas

   art. 1745 CCCN · Indemnización por fallecimiento

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   En caso de muerte, la indemnización debe consistir en: a) los gastos necesarios para asistencia y posterior funeral de la víctima. El derecho a repetirlos incumbe a quien los paga, aunque sea en razón de una obligación legal; b) lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente, de los hijos menores de veintiún años de edad con derecho alimentario, de los hijos incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido declarados tales judicialmente; esta indemnización procede aun cuando otra persona deba prestar alimentos al damnificado indirecto; el juez, para fijar la reparación, debe tener en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las de los reclamantes; c) la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte de los hijos; este derecho también compete a quien tenga la guarda del menor fallecido.

   art. 1741 CCCN · Indemnización de las consecuencias no patrimoniales

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

   art. 248 LCT · Indemnización por antigüedad. Monto. Beneficiarios

   Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) · texto de InfoLEG

   En caso de muerte del trabajador, tendrán derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo 247 de esta ley, las personas que se detallan a continuación: a) El cónyuge o conviviente del causante; b) Los hijos del causante menores de edad; c) Los hijos del causante mayores de edad con Certificado Único de Discapacidad (CUD). De concurrir dos (2) o más de los supuestos detallados anteriormente, se distribuirá la indemnización en partes iguales, es decir, considerando cada titular del crédito como uno (1). En caso de ausencia de algunos de los supuestos indicados en los incisos anteriores, tendrán derecho los hijos del causante mayores de edad y, ante la falta de los beneficiarios considerando los supuestos detallados, se les reconoce este derecho a los padres del causante que estuvieren a cargo al momento del fallecimiento. El empleador queda liberado del pago si cancela la misma dentro de los treinta (30) días de ocurrido el deceso considerando la documentación con la que contaba y/o que le fuera entregada con motivo del mismo. Si por alguna circunstancia algún acreedor con mejor o igual derecho que los que cobraron reclama al empleador vencido el plazo indicado, sólo tendrá una acción de repetición contra los otros acreedores quedando eximido el empleador de toda obligación. Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los causahabientes del trabajador por el Sistema de Riesgos del Trabajo, según el caso, y de cualquier otro beneficio que, por las leyes, Convenciones Colectivas de Trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del trabajador.

   Artículo sustituido por art. 52 de la Ley Nº 27.802 B.O. 6/3/2026. Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial..

   art. 18 LRT · Muerte del damnificado

   Ley 24.557 — Ley de Riesgos del Trabajo · texto de InfoLEG

   1. Los derechohabientes del trabajador accederán a la pensión por fallecimiento prevista en el régimen previsional al que estuviera afiliado el damnificado y a las prestaciones establecidas en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 15 de esta ley, además de la prevista en su artículo 11, apartado cuarto. 2. Se consideran derechohabientes a los efectos de esta Ley, a las personas enumeradas en el artículo 53 de la Ley Nº 24.241, quienes concurrirán en el orden de prelación y condiciones allí señaladas. El límite de edad establecido en dicha disposición se entenderá extendido hasta los VEINTIUN (21) años, elevándose hasta los VEINTICINCO (25) años en caso de tratarse de estudiantes a cargo exclusivo del trabajador fallecido. En ausencia de las personas enumeradas en el referido artículo, accederán los padres del trabajador en partes iguales; si hubiera fallecido uno de ellos, la prestación será percibida íntegramente por el otro. En caso de fallecimiento de ambos padres, la prestación corresponderá, en partes iguales, a aquellos familiares del trabajador fallecido que acrediten haber estado a su cargo. La reglamentación determinará el grado de parentesco requerido para obtener el beneficio y la forma de acreditar la condición de familiar a cargo.

   Artículo sustituido por art. 9º del Decreto Nº 1278/2000 B.O. 03/01/2001. Vigencia: a partir del primer día del mes subsiguiente a su publicación en el Boletín Oficial..

3. 3.

   ¿Qué excepciones podría oponer el abogado de la Municipalidad?

   Tomada 1 vez Procesal Público 5.2 Daños 6.1

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   El abogado de la Municipalidad podría oponer las siguientes excepciones. Primero, falta de legitimación activa de María Elena respecto del amparo colectivo, argumentando que los derechos de incidencia colectiva deben ser invocados por los sujetos expresamente habilitados por el art. 43 CN (a verificar en la norma). Segundo, inadmisibilidad del amparo por existir otras vías judiciales más idóneas para el planteo indemnizatorio. Tercero, falta de agotamiento de la vía administrativa respecto de pretensiones distintas al amparo por mora ya intentado. Cuarto, ausencia de responsabilidad directa del municipio por la delegación del mantenimiento a la empresa concesionaria, argumentando que el guardián de la cosa —en los términos del art. 1758 CCCN (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1758)— era la concesionaria. Quinto, falta de legitimación directa de Lucas en la acción constitucional, por no ser parte directamente afectada —argumento que, sin embargo, resultaría débil frente a su condición de heredero y damnificado indirecto según el art. 1741 CCCN (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. IV, art. 1741)—. Sexto, inexistencia de relación causal directa entre la omisión municipal y el daño, si se prueba que intervino un factor extraño.

   Normas citadas

   art. 1758 CCCN · Sujetos responsables

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián a quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa responde quien la realiza, se sirve u obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial.

   art. 1741 CCCN · Indemnización de las consecuencias no patrimoniales

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Está legitimado para reclamar la indemnización de las consecuencias no patrimoniales el damnificado directo. Si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad también tienen legitimación a título personal, según las circunstancias, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible. La acción sólo se transmite a los sucesores universales del legitimado si es interpuesta por éste. El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.

Análisis del caso

Hechos relevantes

Problemas jurídicos

Conexiones entre las materias

Otras preguntas posibles

1. 1.

   ¿Cuáles son las porciones legítimas de María Elena y de Lucas en la sucesión de Carlos Ruiz?

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   Ambos son legitimarios (Rivera y Medina, CCCN comentado, t. VI, art. 2444). La porción legítima de los descendientes es de dos tercios y la del cónyuge, de la mitad (art. 2445 CCCN). Cuando concurren, la porción disponible se calcula según la legítima mayor, la de los descendientes (art. 2446 CCCN), y la herencia se reparte según las reglas de la sucesión intestada: María Elena recibe en los bienes propios la misma parte que un hijo, y en la mitad de gananciales que correspondía a Carlos no tiene parte, que es toda de Lucas (art. 2433 CCCN). Como la sucesión es intestada y el caso no menciona donaciones, la legítima funciona como garantía y no requiere ninguna acción de protección.

   Normas citadas

   art. 2445 CCCN · Porciones legítimas

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   La porción legítima de los descendientes es de dos tercios, la de los ascendientes de un medio y la del cónyuge de un medio. Dichas porciones se calculan sobre la suma del valor líquido de la herencia al tiempo de la muerte del causante más el de los bienes donados computables para cada legitimario, a la época de la partición según el estado del bien a la época de la donación. Para el cómputo de la porción de cada descendiente sólo se toman en cuenta las donaciones colacionables o reducibles, efectuadas a partir de los trescientos días anteriores a su nacimiento o, en su caso, al nacimiento del ascendiente a quien representa, y para el del cónyuge, las hechas después del matrimonio.

   art. 2446 CCCN · Concurrencia de legitimarios

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Si concurren sólo descendientes o sólo ascendientes, la porción disponible se calcula según las respectivas legítimas. Si concurre el cónyuge con descendientes, la porción disponible se calcula según la legítima mayor.

   art. 2433 CCCN · Concurrencia con descendientes

   Código Civil y Comercial de la Nación · texto de InfoLEG

   Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la misma parte que un hijo. En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.

2. 2.

   ¿Puede acumularse la acción indemnizatoria civil con el amparo en el mismo proceso?

   Pensalo primero · ver la respuestaOcultar la respuesta

   En principio, el amparo es una vía de tutela urgente orientada a hacer cesar la omisión manifiestamente arbitraria e ilegal, mientras que la acción indemnizatoria por daños y perjuicios tiene una naturaleza patrimonial que requiere un proceso de conocimiento más amplio. La jurisprudencia ha reconocido que el amparo no es la vía adecuada para debatir la reparación patrimonial cuando esta exige una instrucción probatoria compleja incompatible con el carácter sumarísimo del proceso (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 170). Sin embargo, la doctrina admite que cuando la omisión administrativa ya produjo un daño consumado —como en el caso, la muerte de Carlos Ruiz—, la pretensión indemnizatoria puede acumularse a la acción de amparo o articularse como pretensión de plena jurisdicción en el marco del sistema de pluralidad de acciones de la ley 7182 de Córdoba (Vélez Funes, Derecho Procesal Administrativo II, p. 158). La acción de plena jurisdicción requiere un derecho subjetivo vulnerado, condición que claramente se verifica en el caso, y su sentencia puede incluir la condena al Estado a indemnizar los daños causados.

Cómo armar la respuesta en el examen